TIPS LEGALES

Es lo que determinó el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual de INDECOPI al imponer una sanción de 8 UIT a la empresa al retail Saga Falabella S.A. por no proporcionar la información oportuna al consumidor sobre el uso de tarjetas de créditos distintas a CMR para comprar en cuotas fraccionadas productos de la tienda.

El tribunal dentro de sus considerandos sustentó el fallo en que si un consumidor ve a la entrada del establecimiento que se aceptan tarjetas de crédito distintas a CMR sin advertirle de las restricciones, se le genera una expectativa legítima que podrá usar sus tarjetas con los mismos derechos y prerrogativas que la auspiciada por la tienda (CMR).

Asimismo, considera el fallo que no solo se vulnera los intereses particulares del consumidor, sino también la dinámica propia del mercado, al considerar que la adecuada información es importante para las decisiones que tomen los agentes económicos.

Por esas razones y aparte de la sanción económica, dispusieron como medida correctiva que Saga Falabella disponga en todos sus locales la información sobre qué tarjetas de crédito son aceptadas y si tienen la opción de ser usadas o no para el pago en cuotas.
Eduardo Jiménez J.
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Lo destacable de la ley 29461 es que regula las responsabilidades en caso de pérdida del vehículo o de sus accesorios. Así será directamente responsable el titular que preste el servicio (estacionamiento como servicio principal), o de ser un servicio complementario como en el caso de los centros comerciales o supermercados, de manera solidaria el propietario con el administrador o quien gestione el parqueo vehicular. Vale decir que no se salvan ninguno de los dos (el propietario del establecimiento comercial y el administrador del servicio de estacionamiento), dado que responden en forma conjunta.
En el caso de pérdida o destrucción de bienes ubicados al interior del vehículo, es responsable el titular del establecimiento si se le informa sobre los mismos y haber asumido los deberes necesarios a la custodia, sin perjuicio de dolo o culpa inexcusable del propietario de los bienes, lo que “en cristiano” significa que si usted, por ejemplo, dejó la puerta del vehículo sin seguro o con la luna abierta (culpa inexcusable), el estacionamiento no tendría responsabilidad. Esta “puerta de salida” (el dolo o culpa inexcusable) va a propiciar que muchos casos de “pérdida” terminen en juicios.
Para que surta efectos la responsabilidad del estacionamiento usted deberá informar en el acto sobre la pérdida del vehículo o sus accesorios, presentar dentro de las 3 horas posteriores a ocurridos los hechos la denuncia policial respectiva, ante quien deberá acreditar la relación de consumo (tickets o boletas de compra en el establecimiento comercial) o la contratación del servicio de estacionamiento (vale decir el ticket o la contraseña que le proporcionan al ingreso del mismo). Es bueno precisar que son nulas las cláusulas que se opongan a la presente ley (como las que señalen que la empresa no se hace responsable de las pérdidas).
La ley entró en vigencia el 26 de Febrero de 2010, a los 90 días de su publicación.
Eduardo Jiménez J.
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El Tribunal Constitucional en una medida que sentará precedente determinó fallar a favor de un niño una acción de habeas corpus, en vista que se ponía en peligro su libertad personal. Los antecedentes del fallo se motivan en que el padre de los menores tenía la tenencia legal de los mismos, pero el juzgado otorgó a la madre el permiso para visitarlos bajo ciertas condiciones (régimen de visitas progresivo, abierto y libre). Cuando la madre iba a la casa del padre a visitar a los menores, siempre le decían que no estaban, por lo que esta interpone las denuncias policiales respectivas y la acción de habeas corpus.  El Tribunal meritúa la acción en vista que el impedimento de que la madre los vea perjudica el que crezcan en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, aparte que el demandado ha agredido físicamente a los menores vulnerando su derecho a la integridad personal y vulnerado el derecho a la libertad individual.  Considerando ello, al igual que la falta de estabilidad emocional del padre y su conducta obstructiva, así como una medida cautelar que la madre había interpuesto para la tenencia y custodia de los menores (precisamente por la falta de estabilidad emocional del padre), es que el Tribunal declaró fundada la acción de habeas corpus, facultando incluso el allanamiento y descerraje del domicilio del demandado o de cualquier otro domicilio donde se encuentre, para encontrar al menor.

Eduardo Jiménez J.

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Por ley 29459 se promulgó la ley de productos farmacéuticos. La norma es bastante amplia y tendrá un plazo de 180 días calendarios para aprobar los reglamentos respectivos, reglamentos que a su vez contendrán los plazos para la adecuación de las empresas del sector al contenido normativo.

Sin embargo, es importante destacar algunos artículos de la ley, como la obligación que los medicamentos contengan la denominación común internacional y ya no solo el nombre comercial, así como la dosis recomendada, duración del tratamiento y solo opcionalmente el nombre de la marca. Igualmente se faculta a que el químico farmacéutico de un establecimiento pueda ofrecer alternativas al usuario que contengan los mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica.

Contiene también una discriminación entre los productos farmacéuticos de acuerdo al lugar donde se dispensan: con receta especial numerada solo en los establecimientos de salud del sector público o privado, con receta médica para ser adquirido en cualquier servicio de farmacia, los productos que se pueden vender sin receta médica y aquellos que se pueden comercializar libremente en cualquier establecimiento.

Asimismo se restringe la publicidad a través de los medios solo a los dispositivos médicos y productos sanitarios que cuenten con registro sanitario y estén autorizados para su venta sin receta médica. La publicidad debe contener también el nombre del producto, la dosis, concentración o forma farmacéutica.

Se prohíbe también la publicidad a través de envases, etiquetas, prospectos y similares, también la entrega directa de muestras gratuitas a pacientes y público en general, así como cualquier actividad que incentive la venta, prescripción o dispensación de productos en los establecimientos farmacéuticos.
Eduardo Jiménez J.
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26 Ene, 2010

Por ley 29462 se establece la gratuidad de la inscripción de los nacimientos, así como la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, la copia certificada necesaria para tramitar el DNI y la expedición y entrega de nacido vivo. Asimismo, por modificación de la Ley de la RENIEC, las inscripciones de los nacimiento se harán dentro de los 60 días calendarios de producidos los mismos, a diferencia de los 30 que se contemplaban antes. Excepcionalmente se extiende el plazo a 90 días cuando se trate de centros poblados alejados, zonas de frontera, o de comunidades campesinas y nativas. Y, si vencido el plazo se procede a inscribir al menor, lo podrá hacer cualquier familiar o quien ejerza la tenencia del menor, adjuntando los medios probatorios correspondientes como partida de bautismo, certificado de matrícula escolar o declaración jurada de dos testigos. Ante las exigencias de ciertos funcionarios, sobretodo en provincias, la novedad de la ley es que el registrador no podrá solicitar mayor documentación que la establecida en la ley.
Para el caso de la inscripción de hijos de peruanos nacidos en el extranjero la inscripción se realiza ante la oficina registral consular en cualquier momento antes que cumpla la mayoridad.
En el plazo de 60 días (es decir hasta fines de Enero de 2010) tanto la RENIEC como los gobiernos locales adecuarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos a lo dispuesto en la presente ley.
Eduardo Jiménez J.
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El Tribunal Constitucinal (TC) determinó en el expediente 02326-2007-PA/TC sobre despido incausado -antes de entrar a la cuestión de fondo- que no se había acreditado que el demandante haya efectuado el cobro de sus beneficios sociales, por lo que el depósito de los mismos en una cuenta bancaria no acredita el cobro. Por otra parte –y ya examinado el fondo del asunto- vistos los medios probatorios ofrecidos se constata que el contrato de trabajo denominado para obra determinada o servicio específico y sus ampliaciones no precisa cuál es la obra determinada o el servicio específico prestado por el accionante, por lo que aplicando el principio de la realidad, se deduce que el único propósito era simular labores de naturaleza permanente como si fuesen temporales, aplicando una modalidad contractual como una fórmula vacía, lo que se corrobora con la constatación policial cuando el demandante aún prestaba labores; por lo que, conforme al inc b) del art. 77º del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se considera el contrato sujeto a modalidad como uno de duración indeterminada.

Por los fundamentos expuestos y atendiendo que realmente existía un contrato de plazo indeterminado, el trabajador solo podía ser cesado o destituido por comisión de falta grave, habiéndose producido por parte de la empleadora un despido incausado, vulnerando de esa manera los derechos al trabajo y al debido proceso, por lo que declararon fundada la demanda, dejando sin efecto el despido incausado y debiéndose reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos, estando obligada la emplazada a reponer al accionante y suscribir un contrato a plazo indeterminado.
Eduardo Jiménez J.
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Por ley 29451 se incorporó al DL 19990 –Ley del Sistema Nacional de Pensiones y de la Seguridad Social- el artículo 84-A por el cual se crea el régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho, régimen que tendrá los siguientes requisitos:
a) Las partes de la sociedad conyugal o la unión de hecho deberán ser mayores a los 65 años de edad.
b) Deberán tener más de 10 años de relación conyugal o de convivencia permanente y estable.
c) No perciban pensión de jubilación alguna, y
d) Acrediten aportaciones conjuntas al Sistema Nacional de Pensiones por un período no menor a los 20 años.

La pensión de jubilación tiene la condición de bien social y su monto no es menor a la pensión mínima establecida en el Sistema Nacional de Pensiones. El beneficio es percibido por ambos cónyuges o convivientes y en caso de fallecimiento, el supérstite percibe el 50% de la pensión. La pensión de jubilación caduca (en propiedad sería “deja de tener efecto”) por invalidación del matrimonio, disolución del vínculo matrimonial o disolución de la unión de hecho por sentencia judicial.

Cabe precisar que las uniones de hecho solo son reconocidas por sentencia judicial y siempre y cuando hombre y mujer sean libres de todo impedimento (no ser casados ambos o alguno de ellos, tener capacidad de ejercicio, ser mayores de edad, etc.). El artículo 5º de la Constitución Política del país la define como “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho…”.
Eduardo Jiménez J.
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Es lo que determinó el Tribunal Constitucional (TC) en la acción de inconstitucionalidad promovida por el 25% del número legal de Congresistas de la República contra los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 8º, y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia N.º 026-2009 (“la cuarta lista”).  Centra la inconstitucionalidad en que el decreto en mención considera menores beneficios que los ofrecidos en los anteriores listados, con las leyes 26093 y 28299, por lo que se configura una discriminación para los trabajadores incorporados en la llamada “cuarta lista”.  Resulta interesante el análisis que realiza sobre la legitimidad de los decretos de urgencia (DU), basándose en criterios endógenos y exógenos. Los criterios endógenos se fundamentan en lo que dice el propio inciso 19 del artículo 118º de la Constitución Política en el sentido que los DU deben versar sobre materia económica y financiera. Al contener prácticamente todas las cuestiones tratables un sustrato económico o financiero, aplicando un criterio de razonabilidad, se debe considerar que las medidas económicas son el medio que auspicia la consecución de otras metas (fines) fundamentalmente sociales. En cuanto al criterio exógeno se refiere a las circunstancias fácticas y el objeto de la norma, para lo cual deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:a)     Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, cuya existencia no depende de la “voluntad” de la norma, sino de los datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables.b)     Necesidad: Las circunstancias deben ser de tal naturaleza que es necesario obviar el procedimiento ordinario del parlamento (iniciativa, debate, aprobación y sanción) a fin de impedir daños que devenguen en irreparables.c)      Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa.d)     Generalidad: Al ser el “interés nacional” el que justifique la aplicación de la medida. En otras palabras, el beneficio de la norma debe alcanzar a toda la comunidad y no a un grupo o sector determinado.e)     Conexidad: Debe existir una vinculación inmediata entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. Por esas razones y atendiendo a que los beneficios previstos en las leyes anteriores no pueden modificarse por un decreto de urgencia, es que resulta inconstitucional el DU 026-2009 llamado de “la cuarta lista”. Hace extensiva la inconstitucionalidad no solo a los artículos mencionados (se exceptúa el art. 8º que fue derogado por el DU 073-2009, produciéndose la sustracción de la materia), sino también a la segunda disposición complementaria que daba por culminadas las labores de la Comisión Ejecutiva creada por ley 27803. Se precisa que al declararse inconstitucional las precitadas disposiciones del DU 026-2009, los beneficios concedidos a los ex trabajadores inscritos en “la cuarta lista” son los mismos que se encuentran regulados por las leyes 27803, 28299 y 29059.

Eduardo Jiménez J.

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El Tribunal Constitucional (TC) determinó en la sentencia recaída en el expediente 03561-2009-PA/TC de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao, que a falta de acuerdo entre las partes para determinar el nivel de la negociación colectiva, deberán recurrir a arbitraje a fin de determinarlo, inaplicando de esa manera el primer párrafo del artículo 45º del D.S. 010-2003-TR (TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo) que dispone que a falta de acuerdo para determinar el nivel de la negociación (por empresa, rama de actividad o gremio), esta se lleva solo a nivel de empresa, dado que contraviene el artículo 28º de la Constitución Política que garantiza el derecho a la negociación colectiva, consustancial al derecho a la libertad sindical, concordante con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificados por el estado peruano. De esa manera se determina que a falta de acuerdo para decidir el nivel de la negociación colectiva, esta deberá ser determinado mediante arbitraje, con la condición que no exista previa declaración de huelga por parte de los trabajadores.
Eduardo Jiménez J.
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